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sample-03Breves notas acerca de la experiencia venezolana en la construcción de los consejos comunales y las comunas.
Por: Roy Daza

La discusión acerca del Estado ocupa el centro de la ciencia política y se   inicia con Aristóteles y su cuadro analítico sobre las formas de gobierno –que trascenderá como toda la obra del gran pensador griego-, empero,  existe un sólido consenso en cuanto a que con Nícolo Maquiavelo arranca el estudio científico sobre el Estado moderno.

Debate político que tiene plena vigencia en el mundo de hoy, dadas las vertiginosas transformaciones de las últimas décadas, signadas por el progresivo agotamiento del paradigma neoliberal, el colapso del “Estado de Bienestar”, la vuelta al capitalismo salvaje de los países del otrora llamado “campo socialista” en Europa y el giro estratégico de China, del que brotan polémicas inconclusas. A este cuadro se suma el cuestionamiento a la plutocrática democracia estadounidense, la  crisis recurrente de la Unión Europea, la formación –“tardía”- de los Estados nacionales en África y la eclosión de las democracias radicales latinoamericanas. Todos estos fenómenos son piezas de un rompecabezas que no se puede armar, sin cambiar la mesa y la posición de los sujetos sociales que lo integran. El Estado moderno, tal y como se conoce, no será igual en el tiempo por venir.

En esta parte del mundo será Hugo Chávez –líder histórico de la revolución bolivariana-, quien abre un debate de suma actualidad, dado que en su condición de presidente y conductor de un proceso de cambios, no sólo vive en la práctica los límites estructurales del Estado, sino que va descubriendo la capacidad creciente de las élites dominantes para mimetizarse y reacomodarse frente a nuevas situaciones y frustrar la afanosa construcción de una democracia radical, que sirva a los intereses de las clases explotadas, marginadas y excluidas.

Chávez siempre estuvo consciente de las correlaciones de fuerza, nadie como él supo medirlas en cada caso, es por ello que sus proposiciones marchan al ritmo de la situación política, avanza cuando sabe que puede hacerlo, retrocede cuando es necesario, le saca provecho a las victorias y a las derrotas también, aunque resalta un denominador común en todas sus reflexiones: la reinterpretación que hace de las ideas de Simón Bolívar sobre el Estado y sus apreciaciones acerca de la revolución francesa de 1789 en adelante.

No hay duda que es con la revolución francesa que el tema del Estado moderno ocupa un lugar preminente en la historia.  ¿Qué cuestiona la revolución francesa desde el punto de vista político? Nada más y nada menos que el principio sobre el cual la soberanía reside en un poder “divino” y que ésta es trasmitida a los monarcas. Es Enmanuelle J. Sieyés, en su texto: ¿Qué es el tercer Estado?, en el que formula tres preguntas que se convirtieron en un lanzazo contra el sistema político absolutista, que era, en ese entonces, la forma predominante de gobierno.

Pregunta Sieyés:                                                                 

“1. ¿Qué es el tercer Estado? TODO.

 2. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? NADA.

 3. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a ser ALGO “.

Las respuestas a las primeras interrogantes son lapidarias, la tercera moderada, “llegar a ser algo”, pero, desde aquí se inicia un proceso del que emana  una nueva concepción: la soberanía reside en el pueblo y una nueva categoría sociológica: la ciudadanía.

La progresiva desarticulación del Imperio Español, la influencia de la revolución francesa, de la revolución norteamericana de 1776 y de la revolución haitiana, dieron como resultante una conmoción histórica a escala continental, que se inicia con las rebeliones de 1781 y concluye con la independencia de Hispanoamérica. Tendrá mucha importancia en la configuración de los estados nacionales de América Latina, que la lucha independentista siempre estuvo vinculada a la idea de la república. Más temprano o más tarde, alcanzada la independencia se constituirán repúblicas, no monarquías.

 

Un cuarto de siglo decisivo

 

No se puede comprender el proceso político latinoamericano actual sin tomar en consideración las sublevaciones populares en respuesta a la “larga noche neoliberal”, las victorias electorales de fuerzas democráticas de diverso signo y la disputa que se desarrolla entre las fuerzas alineadas en torno a las políticas neoliberales y las que se unen con base a programas de corte popular.

La ruta analítica para comprender las transformaciones en una parte del subcontinente latinoamericano está en el entronque de la lucha por la democracia con el enfrentamiento al neoliberalismo, que aún no concluye en este último cuarto de siglo decisivo. En el fragor de duros combates se enarbola la bandera de la democracia, pero no por una democracia fósil, parcial, tutelada, esporádica, elitista, engañosa, sino, todo lo contrario, por democracias en las que la participación de los ciudadanos es tanto en la elección de los órganos del Estado, como en la decisión sobre las políticas públicas y su progresivo involucramiento en la gestión gubernamental. Ello ha ido configurando un nuevo “sentido común”, una nueva cualificación ideológica/cultural de la lucha política. La democracia es, entonces, un principio revolucionario.

La crisis orgánica, multidimensional y simultánea del sistema capitalista  es reconocida por “tirios y troyanos” y se puede identificar su punto crítico, con la exposición conceptual que plantea Thomas Piketty: “Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso –lo que sucedía hasta el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI-, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. [Piketty, Thomas. 2015: El capital en el siglo XXI. FCE.]

Atención particular merece la discusión un tanto artificial sobre el “tamaño” del Estado. El re-direccionamiento que el neoliberalismo hace del Estado, no es en función de reducir o ampliar su tamaño, ese no es el problema, como algunos erróneamente lo plantean. La tesis neoliberal le otorga al Estado un papel crucial en la superación de la caída de la tasa de ganancia a escala planetaria, para lo que es indispensable que el Estado asuma y despliegue una agresiva redistribución regresiva del ingreso. Resulta obvio que poner en marcha una política de tal naturaleza, supone colocar en el punto focal de la estrategia de las clases dominantes, la derrota política e ideológica de las masas explotadas, es decir, de los trabajadores.

Una de las experiencias prácticas del re-direccionamiento del Estado es la política de “apertura petrolera” -aplicada en los años noventa del pasado siglo en Venezuela-, que redujo la capacidad del Estado de controlar y percibir el ingreso petrolero, mediante mecanismos que la propia empresa estatal PDVSA desarrolló y que  contó con la anuencia de las fuerzas políticas dominantes de ese momento, que le dieron base jurídica mediante la aprobación de leyes en el Congreso, que solo convenían a los intereses de las transnacionales petroleras y a las grandes economías de los países consumidores de petróleo. Se produjo la más grande transferencia de recursos del sur al norte que se haya registrado hasta ese momento, según el minucioso estudio del profesor Juan Carlos Boué y las investigaciones del doctor Bernard Mommer.

Colocar el énfasis en la superación de las carencias materiales y culturales de la población es muy importante, a la hora de alcanzar una reinterpretación de los límites históricos del Estado moderno. Para ello es condición “sine qua non”, entender la democracia como una relación social intrínsecamente contradictoria.

La otra gran contradicción de este último cuarto de siglo es la disolución de macro estados como lo fue la Unión Soviética y la construcción de otros, como la Unión Europea y la de una experiencia singular: los procesos de integración de América Latina y el Caribe y su expresión síntesis: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac.

Teniendo como entorno un viraje mundial en la correlación de fuerzas políticas y militares, adquiere especial interés esquematizar el conjunto de las contradicciones existentes: a) las contradicciones entre los distintos núcleos de poder emergentes y los ya constituidos; b) la de  los macro–proyectos de integración con los Estados; c) la de las instancias regionales y mundiales con los Estados nacionales; d) las contradicciones entre Estados; e) la de los Estados nacionales y los poderes regionales y/o locales en cada país; y, por último, toda la miríada de expresiones protoestatales que se desprenden del reconocimiento de las naciones indígenas y de las nuevas realidades que van brotando y se convierten en una expresión política concreta: la comunidad.

Dos premisas anteceden a una afirmación como la que queda expuesta, relativa a la comunidad como una forma de autogobierno de los ciudadanos, en primer término, -siguiendo la línea analítica de Marx-, la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la Economía Política; y, en segundo lugar, las formas del Estado están vinculadas a las condiciones materiales de existencia de una sociedad dada, en un momento histórico determinado, eso es así, solo si se deslinda del criterio según el cual la economía y la política son campos separados.

 

Los consejos comunales y las comunas en Venezuela

 

La crisis que se registra en Venezuela a partir de los sucesos de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, cuando un levantamiento popular espontáneo terminó en una masacre y todos los cimientes de la sociedad fueron sacudidos, de lo que se derivó una cambio en la correlación de fuerzas políticas, dos alzamientos militares en 1992 y la emergencia de nuevos movimientos políticos que en lo sucesivo serían protagonistas. Todo ello confluyó en la Constituyente promovida por Hugo Chávez y convocada el mismo día que asumió la Presidencia en febrero de 1999.

El proceso constituyente venezolano tiene múltiples expresiones, ahora bien, lo que lo singulariza, dada su potencialidad, es la experiencia de los consejos comunales y las comunas, dos artículos del texto constitucional son claves para comprender la dinámica en curso:

Artículo 2.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 5.- La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público.

En Venezuela, los Comités de Tierra Urbana surgen en medio del golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez en 2002 y tienen como objetivo específico la consecución de la titularidad de la tierra para los ciudadanos de los barrios, pero su característica más resaltante es la masiva participación popular. Los CTU se han incorporado a los consejos comunales y su cometido se ha cumplido en buena parte del país. Ahora los rige la Ley de Tierra Urbana y Periurbana.

En el referendo revocatorio convocado por la oposición al Comandante Chávez en 2004, las fuerzas populares se expresaron no solo desde la esfera político–partidista, sino que también se articularon en múltiples organizaciones culturales, vecinales, de trabajadores… Desde ese mismo año, los movimientos populares dan un salto cualitativo con la constitución de los Centros de Participación para la Transformación del Hábitat, (CPTH), entidad mucho más compleja e integral, de la que se avanza –más adelante- hacia los consejos comunales y las comunas, que sintetizan e integran múltiples formas de organización comunitaria, sectoriales, por áreas de interés, unas de vida efímera, otras más constantes, unas nuevas y otras que vienen de lejos en el tiempo. Por cierto el sindicalismo transita un recorrido distinto.

Será en diciembre de dos mil diez cuando la Asamblea Nacional apruebe las leyes del poder popular, a las que se opone con furia la oposición. Es importante anotar algunos conceptos como los contenidos en la Ley Orgánica del Poder Popular, que expresa que: “El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social y cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito de desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización”.

A esta ley se suman otros instrumentos jurídicos como son: la Ley de Planificación Pública y Popular; la Ley de los Consejos Comunales; la Ley  de Comunas; la Ley del Sistema Económico Comunal; la Ley de Contraloría Social y la Ley del Consejo Federal de Gobierno.

Una de las bases constitucionales está referida al artículo 184 de la Carta Magna, que establece que: “La Ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen…”.

Resulta importen reseñar el artículo 70 constitucional, que es otro de los fundamentos jurídicos de los consejos comunales y las comunas:

Artículo 70.- Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas  por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”.

 

Si bien las realidades sociales no se miden por la existencia de leyes, éstas son el reflejo de experiencias que cambian de manera constante,  forman parte de una dinámica ciudadana que ha de analizarse desde el punto de vista político, toda vez, que en determinado momento de su desarrollo, algunas de las fuerzas políticas que se ubican en el campo de la oposición al gobierno chavista, se dieron cuenta de la trascendencia de los consejos comunales y decidieron incorporarse en muchos de ellos, por lo que hoy los consejos comunales son una realidad  plural.

Los consejos comunales tienen el objetivo de construir un plan de desarrollo en su ámbito territorial, proponer y presentar planes específicos y ejecutarlos, para lo cual le son asignados recursos de manera directa, desde todas las instancias del poder ejecutivo, muy especialmente, desde la Presidencia de la República, y, a la vez, son articuladores de otras expresiones de organización social.

Un dato importante de la actualidad es que para el momento de escribir estas brevísimas notas, existen en Venezuela 45 mil 289 consejos comunales y 1.322 comunas, presentes en todo el territorio nacional y representando una nueva realidad sociológica, que requiere de un análisis integral y minucioso.

Insistió Chávez una y otra vez que el proceso constituyente no ha  concluido, la formación de un Estado democrático, social, de Derecho y de Justicia es una tarea de corte histórico y la constitución de las instancias del poder popular son semillas en tierra fecunda. En su penúltima alocución pública preguntó más de una vez: ¿y dónde están las comunas? Para concluir exclamando: “Comuna o nada”. No es casual que esa pieza oratoria la titula: “El golpe de timón”.

Parafraseando a Sieyés es posible formular tres interrogantes:

¿Qué es el Poder Popular? TODO.

¿Qué ha sido hasta ahora? ALGO.

¿Cuáles son sus exigencias? TODAS.

 

 

Maracay, 5 de octubre de 2015.

Estas notas serán presentadas en la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, entre el 8 y el 9 de octubre de 2015, por el diputado Roy Daza, Secretario Alterno de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Vicepresidente de la Comisión.

 

 

 

 

 

 

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